En su apelación ante el juez Julián Ercolini, el fiscal Gerardo Pollicita insistió en la necesidad de inhibir los bienes de González Fraga y otros 17 ex funcionarios del BNA, así como de directivos y apoderados de Vicentin. Precisó cómo se otorgaron los millonarios préstamos irregulares, qué rol tuvo cada imputado y explicó cómo desviaron los recursos para que no quedaran fondos disponibles para saldar la deuda.
El fiscal Gerardo Pollicita volvió a pedir la inhibición general de bienes del ex presidente del Banco Nación Javier González Fraga y de otros diecisiete directivos de la entidad, así como de dos directivos y seis apoderados de la empresa Vicentin, así como la aplicación de la misma medida sobre la propia firma. El juez Julián Ercolini sólo había aceptado establecer la inhibición para una de las empresas del grupo, Algodonera Avellaneda. Pero la apelación del fiscal Pollicita es categórica al describir el papel que tuvo cada una de las personas imputadas en la ingeniería que permitió que la cerealera recibiera –en especial a lo largo de 2019– créditos millonarios irregulares del Nación que eran sistemáticamente ampliados y multiplicados pese a su falta de cancelación. Para peor, la empresa logró girar “los fondos que estaban afectados en garantía”: en lugar de aplicarlos al pago de su deuda derivó los recursos hacia otros bancos como para que no quedaran fondos disponibles para saldarla.
Pollicita considera que Vicentin dejó de pagar 300 millones de dólares de la asistencia crediticia que recibía del Estado y que debía devolver, y señala una concatenación de pactos entre los entonces responsables del Banco Nación y la empresa que dejan en evidencia que recibió la mayor cantidad de préstamos (105 millones de dólares) en un mes crítico, entre el 8 y el 26 de noviembre, cuando ya acumulaba deudas, el macrismo estaba derrotado y se declararía, el 5 de diciembre, en “estrés financiero”. Aun después de eso, el Nación le aprobó la asistencia que correspondía a mediados de noviembre en adelante. En el ínterin, fugaban el dinero de las garantías.
Frente a estas maniobras habría dos hipótesis: que Vicentin engañó al Banco Nación, o que ambos actuaron en connivencia. Pollicita está convencido de esta segunda opción y advierte que no tiene sustento y es riesgoso no establecer una inhibición de bienes para todas las personas físicas y jurídicas involucradas. Porque el objetivo de esa medida es tener la garantía de poder recuperar activos y que las personas o empresas no se deshagan de ellos en caso de que deban compensar al Estado. Eso, para la fiscalía, es una posibilidad teniendo en cuenta “la estructura societaria y de profesionales con la que cuentan las empresas así como los medios económicos y financieros”. Una prueba pendiente que será relevante para establecer también cuán involucrado estaba el propio gobierno de Mauricio Macri con los préstamos a Vicentin, es el peritaje que se hará al celular de Darío Nieto, ex secretario del ex presidente, ya que entre sus notas se halló un mensaje donde el propio Macri daba instrucciones para que la firma recibiera un préstamo adicional de “diez millones”, que se lo dieran a Sergio Nardelli, el CEO, pero sin pasar por controles, como la Sindicatura General de la Nación.
Uno de los argumentos de Ercolini para rechazar la inhibición –aunque admitió levantar el secreto fiscal y bancario– es que la investigación recién comienza. Pollicita le respondió que es una causa que está muy lejos de un “estado embrionario” y ya estaría cerca de pedir las indagatorias. El juez sostuvo que Pollicita no describía en detalle el papel de cada uno de los implicados, por eso en la apelación presentada hizo una descripción detallada de qué función tuvo cada uno, qué día se reunió con quién, a qué hora y con qué finalidad. Afirma que hay pruebas detalladas que son informes del Banco Nación, el Banco Central, la AFI, el Registro de Comercio, el expediente de concurso, entre otros. Por otro lado, Ercolini argumentó que Vicentin ya está inhibida en la causa que tramita en Santa Fe, pero el fiscal dice que si esa inhibición se llegara a levantar debe haber otra que rija como reaseguro, y que eso mismo había sido aceptado por el juez Ercolini cuando instruyó la causa contra Oil Combustibles.
Recuerda el fiscal en la apelación que “por un lado, funcionarios del Banco Nación, algunas veces por acción y otras por omisión, habrían incumplido deliberadamente los deberes a su cargo y perjudicado los intereses confiados en la administración de los fondos de la entidad bancaria, otorgando irregularmente millonarios créditos en moneda extranjera a las firmas Vicentin SA y Algodonera Avellaneda, apartándose de la normativa interna que lo regula y luego omitiendo ejecutar en tiempo y forma las garantías que preveían los contratos tendientes a recuperar el dinero que se adeudaba”. Además, los empresarios de Vicentin “en connivencia con los funcionarios, solicitaron empréstitos irregulares, requirieron la liberación de la liberación de los fondos afectados en garantía, giraron una porción significativa de ese dinero a otros bancos –sacándolo de la esfera del BNA–, mientras en simultáneo postergaban el pago de sus obligaciones, con el objetivo de que finalmente, cuando las autoridades del banco quisieran cobrarse la deuda, no quedaran fondos de donde el BNA pudiera hacerlo, todo ello con el fin de beneficiarse patrimonialmente a costa del Estado Nacional”.
Uno de los ejemplos más elocuentes de cómo funcionó todo es la descripción del tramo del otorgamiento de 27 préstamos en noviembre pasado, uno detrás del otro y en trámites que duraban veinte minutos. Más de la mitad fueron aprobados por el directorio pese a que conocían “el exceso en la normativa de Grandes Exposiciones al Riesgo Crediticio, la falta de calificación crediticia de la misma y de la deuda vencida que mantenía con la firma”. “De esta forma, entre los días 8 y 26 de noviembre de 2019, contando con la calificación vencida desde el 31 de julio de ese año y encontrándose ampliamente excedida la firma Vicentin en las normas que establece el BCRA que precisamente previenen la vulnerabilidad de las entidades bancarias frente a un incumplimiento inesperado por parte de un cliente, los referidos funcionarios del BNA otorgaron préstamos a favor de dicha empresa por un total de USD 105.500.000”, recuerda Pollicita.
La inhibición de bienes es antesala de indagatorias posiblemente contra González Fraga y el ex director Lucas Llach, entre otros, además de los empresarios. Está pendiente qué pasará con la pista sobre posible lavado.
Fuente: Pagina 12