Cinco organismos internacionales denuncian al régimen de Añez por violar los DDHH
Con el informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnucdh), suman cinco organismos internacionales que encontraron vulneraciones a los derechos humanos en Bolivia durante el conflicto poselectoral de 2019. La mayor parte de las observaciones apuntan al Gobierno (de Jeanine Añez, Murillo, López y Longaric) y, en menor medida, al Movimiento Al Socialismo (MAS), por lo que el Ejecutivo rechazó estos reportes y pidió a estos organismos mayor “equilibrio” a la hora de juzgar.
Antes de la Oacnudh, publicaron informes sobre la situación de derechos humanos en el país Amnistía Internacional (AI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch (HRW) y la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard.
El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dijo, respecto al informe de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que es un reporte sesgado e invitó a la expresidenta chilena a visitar el país para ver la realidad de los derechos humanos.
“Que venga a Bolivia y venga a verificar los exámenes forenses de los que murieron en Sacaba y Senkata. Ninguno es muerto por el Gobierno, ni uno es muerto con bala policial ni militar; todos son muertos con escopeta, con bala (calibre) 22, con dinamita, o sea, son asesinados por sus mismos compañeros”, dijo la autoridad a la red ATB.
El informe de la Alta Comisionada refirió que se registraron “graves violaciones” a los derechos humanos, sobre todo en los luctuosos hechos de Sacaba y Senkata, donde murieron 20 personas.
AMNISTIA INTERNACIONAL
El pasado 21 de agosto, la organización AI emitió un informe respecto al conflicto de 2019 en Bolivia. En el mismo advirtió que persiste la impunidad respecto a violaciones de derechos humanos y, además, expresó su preocupación por la retórica del anterior y al presente Gobierno y el hostigamiento a políticos opositores, por lo cual llamó a los candidatos actuales a abstenerse de esas prácticas.
El informe concluye que “durante la crisis que sucedió a las elecciones de octubre de 2019 se han registrado violaciones de derechos humanos que incluyen el uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en operaciones de orden público, incluyendo durante las protestas; ataques contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas opositoras políticas; declaraciones de altos funcionarios con amenazas y que, en ocasiones, contienen llamados a ejercer la violencia y ataques a la libertad de expresión y a la independencia judicial”.
El texto señala que esos hechos siguen impunes y que a eso se suma que “Bolivia tiene una lamentable historia de impunidad frente a graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional ocurridos en el pasado”, como los hechos durante los gobiernos militares, los de Octubre de 2003, la masacre de Pando y el caso 24 de Mayo de 2008.
UNIVERSIDAD DE HARVARD, EEUU
El 27 de julio, la Clínica Internacional de Derechos Humanos (IHRC, por sus siglas en inglés) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y la Red Universitaria por los Derechos Humanos (UNHR) publicaron el informe “‘Nos dispararon como animales’ Noviembre Negro y el Gobierno Interino de Bolivia”, un informe sobre “abusos y violación de derechos humanos” cometidos por el gobierno transitorio de la presidenta Jeanine Áñez, en octubre y noviembre de 2019, así como meses posteriores.
“El reporte documenta uno de los periodos más letales y represivos de las últimas décadas en Bolivia, así como el miedo creciente de comunidades indígenas y personas criticas del Gobierno de que sus vidas y su seguridad están en peligro”, destacó el reporte del instituto universitario.
Gobierno ve informes sesgados y parcializados
Ante los cinco informes de organismos, el Gobierno transitorio respondió que hay “sesgo” y parcialización” de los mismos, pues no critican ni mencionan la violencia que generó el MAS y sus movimientos sociales.
“Señora Bachelet, mire con los dos ojos. Bolivia necesita que hagan todas las observaciones, pero con claridad, que miren con transparencia, no que hagan campaña política”, dijo el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, al hacer referencia al último informe de la Alta Comisionada de la ONU.
Sobre el informe de la CIDH, en su momento, el Gobierno envió una carta a ese organismo rechazando las conclusiones y calificando el reporte de “sesgado” y “parcializado”.
“El Gobierno de Bolivia no acepta ni reconoce un documento ideológicamente motivado e incoherente”, finaliza el texto, que antes pide una aclaración.
Sobre el reporte de la clínica de derechos humanos de Harvard, el viceministro de Justicia, Hubert Vargas, aseveró que “es tendencioso, poco serio por sus errores y carente de imparcialidad y objetividad. El Estado boliviano, a través del Ministerio de Justicia, no permitirá que se tergiverse la verdad con pronunciamientos irresponsables y parcializados de instituciones que claramente tienen una tendencia política”.
Para el diputado Gonzalo Barrientos (UD), estos organismos no toman en cuenta las muertes de activistas en Montero o los casos de violencia que generó el MAS, y tampoco dicen nada sobre el bloqueo de sectores del MAS en los primero días de agosto, que dejó al menos 30 fallecidos por la escasez de oxígeno, además de enormes daños a la economía, la salud de la población y la infraestructura caminera del país.
CEPR: La OEA cometió un ‘gran error de codificación’ sobre elecciones en Bolivia
Una nota del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés) advierte de un “gran error de codificación” en el análisis que realizó la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las elecciones de octubre del año pasado en Bolivia, que desembocó en la tesis del “fraude” tras la victoria del entonces presidente Evo Morales.
Ello “demuestra otra falla garrafal en ese análisis, lo que refuta nuevamente las afirmaciones de la OEA de que un fraude afectó los resultados electorales”, señala la entidad en su página web, indicando que el “error” fue revelado la semana pasada, cuando Irfan Nooruddin, politólogo contratado por la OEA, publicó los datos de su trabajo por primera vez.
David Rosnick, economista del CEPR se encargó de revisar la información del politólogo de la Universidad de Georgetown en Washington DC, e identificó que “las marcas de tiempo estaban ordenadas alfanuméricamente, en lugar de cronológicamente. Este fue un error vital para el análisis de la OEA, ya que sus alegaciones de un ‘cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares’ dependían de la cronología de cuándo se informaron los votos”, complementa la nota de prensa.
La auditoría realizada por la OEA es el sostén de la tesis del “fraude” en los comicios del 20 de octubre del año pasado, que sin duda fue el tiro de gracia para la renuncia de Morales, el 10 de noviembre, en medio de un clima de asfixia por las protestas cívicas, un motín de la Policía y la sugerencia de las Fuerzas Armadas para que presentara su dimisión.
La OEA y el gobierno transitorio de Jeanine Áñez han defendido la auditoría y criticaron al CEPR en otras oportunidades por sus informes que van en contra de los resultados del análisis del organismo internacional. En junio, el CEPR ya acusó a la OEA de haber “tergiversado” los datos y evidencia hallados en su auditoría para reforzar su tesis de una “manipulación intencional” en las elecciones de Bolivia.
Ahora, el CEPR asegura que “en su informe final de auditoría sobre las elecciones, la OEA indicó que las tendencias observadas en el conteo rápido inicial también podían apreciarse en el conteo oficial; cuando esta conclusión está basada en marcas de tiempo ordenadas incorrectamente”.
El economista Rosnick indica, al respecto, que “la OEA no tenía una cronología real del conteo de votos de Bolivia, a pesar de que hizo acusaciones sobre un cambio en la tendencia de los votos a lo largo del tiempo que sugería la existencia de un fraude”.
Y para demostrarlo hace una explicación técnica. “El error de codificación significa que cada día va de ’01:00 a.m.’ a ’12:59 p.m’, lo que significa, por ejemplo, que Nooruddin consideró actas con una marca de tiempo de ’01.00 p.m.’ antes que las actas marcadas con la hora ’01:01 a.m.’ el mismo día (21 de octubre). Esto hace imposible que Nooruddin y la OEA hayan podido analizar adecuadamente las tendencias de la votación a lo largo del tiempo”.
El CEPR remarca que pese a la revelación de este “gran error”, Gerardo de Icaza, director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA, respaldó el trabajo de Nooruddin, con un mensaje en Twitter. “@irfannooruddin es uno de los mejores estadísticos electorales del mundo. Sus hallazgos sobre las recientes elecciones bolivianas se mantienen a pesar de las afirmaciones sesgadas y neófitas que optaron por ignorar los hechos”.
En apoyo al CEPR, Jack Williams, investigador electoral del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), sostuvo que “es más que sorprendente ver que estos datos salieran a la luz tan tarde y con múltiples errores, pero tampoco es tan sorprendente dado que hasta el momento nadie ha podido replicar el análisis de Nooruddin”.
El coautor del análisis de los resultados electorales de Bolivia publicado por el blog Monkey Cage de The Washington Post, en febrero de 2020, subrayó, según la nota del CEPR, que “es lamentable que hayan pasado ocho meses hasta publicar el código estadístico con errores tan básicos, incluso cuando otros investigadores y periodistas solicitaban los datos para determinar cómo el análisis de la OEA alcanzó las conclusiones a las que llegó”.
“Este increíble error dice mucho sobre la integridad del trabajo de la OEA en el seguimiento de las elecciones y de su capacidad para determinar si el fraude o las irregularidades podrían haber afectado los resultados”, complementó Williams.
Siempre según el artículo de la página del CEPR, Rosnick exigió respuestas. “Que la OEA continúe defendiendo su análisis de las elecciones bolivianas, en lugar de reconocer sus errores ― o admitir su deshonestidad en el sentido de que no tenía pruebas para afirmar que un fraude cambió los resultados de las elecciones de Bolivia ― demanda una rendición de cuentas. Los representantes políticos de Estados Unidos y de otros países miembros de la OEA deberían exigir respuestas”.
“Los países miembros también podrían querer evaluar si se está dando un buen uso a sus aportaciones monetarias a la OEA”, aseveró Rosnick, “la OEA se ha negado a responder a las preguntas de miembros del Congreso de Estados Unidos y de los medios de comunicación sobre su análisis de las elecciones bolivianas y su papel en allanar el camino para un golpe militar en Bolivia. Todo este tiempo parecía obvio que tenían algo que ocultar, y ahora estamos comenzando a ver más pruebas de que la OEA nunca podría defender sus acusaciones en contra de las elecciones de Bolivia de 2019”
TSE y FAM-Bolivia se unen para garantizar medidas de bioseguridad en las elecciones
Los presidentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, y de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia), Álvaro Ruiz, suscribieron, este miércoles, un convenio para garantizar el cumplimiento de medidas de bioseguridad en las elecciones del 18 de octubre de este año y los comicios subnacionales de 2021.
“Hemos suscrito un convenio con la FAM-Bolivia para llevar adelante un proceso electoral seguro porque contaremos con un padrón saneado, una adecuada cadena custodia para el material electoral y con las debidas medidas de protección sanitaria para toda la población”, aseguró Romero.
La autoridad agregó que el acuerdo será replicado en los nueve departamentos del país.
En esa línea, el presidente de la FAM-Bolivia resaltó que el convenio se extenderá por dos años y se aplicará en los comicios electorales nacionales y subnacionales para evitar el contagio del COVID-19.
“La FAM-Bolivia quiere ser un actor en las elecciones del 18 de octubre (…) y por eso nos acompañan alcaldes de diferentes partes del país para apoyar y comenzar a trabajar las acciones de coordinación para el proceso electoral”, aseguró Ruiz.
El Órgano Electoral definió que el 18 de octubre es la fecha definitiva para la realización de los comicios generales.
Con la aplicación de las medidas sanitarias, Romero expresó su confianza en que se tendrá una elevada participación de la ciudadanía en el proceso eleccionario.
“Agradecemos a los municipios su predisposición de apoyar la celebración exitosa de la jornada electoral”, afirmó Romero.
Ambas instituciones se comprometieron a impulsar campañas de información, orientación, capacitación y educación para que los electores emitan su voto, en condiciones que garanticen la protección de la salud, según los protocolos y directrices establecidos por el Órgano Electoral.
También la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) y las Asociaciones Municipales Departamentales (AMDES) coadyuvarán, difundirán e impulsarán campañas, de acuerdo con los protocolos fijados por el TSE en los municipios del país.
Asimismo, Ruiz explicó que el acuerdo posibilitará que lo municipios apoyen en la habilitación de los recintos electorales, el control de las medidas sanitarias, entre otras tareas.
En ese sentido, se gestionará que los servicios de salud y el personal dependiente de los gobiernos municipales otorguen apoyo en las jornadas de votación para generar condiciones de bioseguridad sanitaria, con el fin de minimizar riesgos de contagio del coronavirus.
La Defensoría denuncia que el mismo grupo de noviembre atacó sus oficinas ahora
El intento de tomar la Defensoría del Pueblo la tarde de este miércoles fue protagonizado por los mismos “grupos civiles violentos” que en noviembre de 2019 agredieron las instalaciones de la institución, denunció mediante un comunicado esta oficina estatal.
“La Defensoría del Pueblo condena y repudia los ataques perpetrados por grupos civiles violentos y organizados que este 26 de agosto ingresaron a las instalaciones de la institución con el objetivo de atacar y atentar contra la vida y la integridad física de su máxima autoridad, Nadia Cruz”, señala el organismo de defensa de derechos humanos.
Denuncia que estos grupos, “son los mismos que protagonizaron similares ataques contra la institución en noviembre de 2019”.
Como en otros casos, como el de la llamada Resistencia Cochala, el Defensor del Pueblo deplora “la permisibilidad del Gobierno y la Policía Boliviana” con estos contingentes violentos.
Hubo pasividad policial, protesta la Defensoría, pues, relata, “se la llamó reiteradamente para que envíe un contingente para prevenir estos hechos delincuenciales, sin una respuesta efectiva”.
Estas personas, que intentaron trepar las paredes para poder llegar hasta el despacho de la Defensora del Pueblo, da cuenta el Defensor, “lanzaron amenazas y palabras irreproducibles contra esta Autoridad y contra los funcionarios defensoriales, con la clara intención de amedrentarlos y agredirlos físicamente sin ningún respeto ni protección ante un posible contagio de COVID-19”.
El Defensor denuncia, además, que “estos grupos civiles estarían actuando por orden de un diputado, toda vez que se escuchó que reportaban, vía teléfono celular, su ingreso a esta institución exigiendo la renuncia de la Defensora del Pueblo”.
La institución recuerda que existe una denuncia en el Ministerio Público por los ataques de noviembre de 2019; el reclamo por la agresión de ayer día será sumado a la denuncia del año pasado. “Se espera que esta instancia actúe como corresponde e investigue estos hechos para sancionar a los responsables”, concluye la Defensoría del Pueblo.
CIDH expresa profunda preocupación por ataques a Defensoría del Pueblo
El día de ayer, miércoles 26 de agosto, un grupo de personas afines al gobierno de Jeanine Añez pretendió ingresar a la fuerza a las oficinas de la Defensoría del Pueblo en La Paz, y una funcionaria fue agredida cuando intentaba parar el conflicto.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por las amenazas y hechos violentos contra el organismo, llamando al Estado boliviano a proteger a los funcionarios de Defensoría y garantizar las condiciones para ejercer su labor como institución de Derechos Humanos.
Mediante su cuenta oficial en Twitter, la CIDH le recordó al gobierno de Añez que el 2019 se entregaron medidas cautelares, solicitando que se adopten medidas para proteger sus derechos y garantizar el desempeño de sus labores sin amenazas, luego de que grupos civiles atacaran las instalaciones de Defensoría e intentaran agredir a Nadia Cruz, Defensora del Pueblo, de la misma manera que lo sucedido en la jornada de ayer.
La Defensoría del Pueblo, por su parte, denuncia que el gobierno de facto es permisible a la activación de grupos organizados violentos, catalogados ya como paraestatales por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Denunció que grupos civiles violentos organizados atacaron sus oficinas e intentaron atacar también a sus funcionarios. Mediante una publicación en su página web, la Defensoría del Pueblo de Bolivia condenó y repudió los ataques que buscan dañar la integridad física de su máxima autoridad, Nadia Cruz.