La economía digital se desarrolla a una velocidad vertiginosa, impulsada por la capacidad de recopilar, analizar y utilizar el volumen masivo de datos que diariamente y en forma creciente fluyen por “los caños” de internet. Esos datos provienen de las huellas digitales marcadas por las actividades personales, sociales, culturales y empresariales que se realizan en el territorio digital de la web donde los algoritmos los convierten en el valor central del Capitalismo de plataformas.
Las Big Tech, como se conoce globalmente a las empresas digitales que utilizan el modelo de negocio Silicon Valley, aprovechan las fuerzas combinadas de la conectividad a Internet y la inteligencia algorítmica para producir ventaja competitiva derivada del aprendizaje con datos externos a través de la computación cognitiva.
Gran parte de los procesos y sistemas económicos basados en la inteligencia digital concertada se encuentran en pleno desarrollo, expandiendo al mundo sus servicios 4.0. La cuota de eficiencia debe generar un alto volumen de dinero para repartir en los accionistas, por lo cual para asegurar el dividendo de los servicios 4.0 deben ser completamente novedosos y muy atractivos para que las personas los incorporen.
Las plataformas son un nuevo tipo de empresa que se caracteriza por proporcionar infraestructura para intermediar entre diferentes grupos de usuarios. Al mismo tiempo, en su desarrollo, despliegan tendencias monopólicas impulsadas por efectos de red. Una de las características de estas empresas es que hacen uso de subvenciones cruzadas para captar diferentes grupos de usuarios. Para ello tienen una arquitectura central establecida que controla las posibilidades de interacción. Todas esas características hacen de las plataformas modelos de negocios claves para extraer y controlar datos.
Un requisito fundamental de esta estrategia comercial es que las plataformas de comercio electrónico, logística y distribución dispongan el control sobre el flujo de la información personal de los ciudadanos usuarios de las mismas.
Las plataformas dependen de los “efectos de red” o “bola de nieve”, es decir, mientras más numerosos sean los usuarios que hacen uso de una plataforma, más valiosa se vuelve esa plataforma para los demás. Por el efecto “bola de nieve”, tienen una tendencia intrínseca hacia la monopolización del sector en el que operan y a vincularse cada vez más estrechamente con el sector financiero.
En el trabajo publicado en 2018/2019 por Caja Negra editora, “Capitalismo de plataformas”, Nick Srnicek su autor puntualiza: “En tanto y en cuanto Amazon se convierta en el comercio electrónico donde se compra y vende todo, Google en la forma básica de entrar a Internet y Facebook en el mecanismo más simple para comunicarte con el resto de la sociedad, son argumentos más que suficientes para considerarlas servicios públicos. O bien las regulamos mucho, o las convertimos en elementos de titularidad pública. Hay que regularlos más allá de la empresa privada. Son bienes públicos. O regulamos más a las grandes tecnológicas o las convertimos en empresas públicas”.
Uno de los ganadores de la pandemia
A mediados de julio el gremio argentino Camioneros reclamó mejoras laborales y salariales. Los trabajadores agrupados en el Sindicato de Choferes de Camiones (Sichoca) que conducen Hugo y Pablo Moyano rechazan el pago de salarios miserables y la no percepción del medio aguinaldo y las vacaciones por parte de muchos empleados del gremio. En el convenio que rige en el centro de distribución de Mercado Libre, desaparecieron la jornada de 8 horas diarias y horas extras, el descanso semanal y las vacaciones. Los derechos de los trabajadores esta flexibilizados a las necesidades de Mercado Libre.
El encuadramiento sindical se remonta a fines de noviembre de 2019 cuando Dante Sica, el entonces ministro de Producción del gobierno de Cambiemos, firmó una resolución que habilitaba el convenio laboral de la empresa con el gremio de Carga y Descarga, dirigido por Daniel Vila. Marcos Galperín dueño y fundador de Mercado Libre es el modelo exitoso del empresario que Mauricio Macri, Laura Alonso y demás dirigentes del PRO destacaron y favorecieron en toda su gestión.
Según Pablo Moyano “Mercado Libre es libre de subcontratar, de encuadrar a sus trabajadores en cualquier convenio colectivo y de echar a la gente cuando quiere. Es un fuerte retroceso en los derechos de los trabajadores. Nos quieren llevar al año 30”.
La pandemia que sacudió el mundo generó cambios en los hábitos cotidianos. Las medidas del gobierno del presidente Alberto Fernández para hacer efectivo el cuidado de la población, replegó a las personas al ámbito hogareño, situación que modificó (entre muchas prácticas) las de la compra y el aprovisionamiento.
En ese contexto, el acceso a internet y las plataformas de servicios comerciales se volvieron esenciales para amortiguar el impacto del aislamiento. El comercio electrónico vía Mercado Libre tuvo un crecimiento gigantesco. Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, las transacciones por internet tuvieron, durante los 100 días de aislamiento social preventivo y obligatorio, el crecimiento proyectado para cuatro años. Es decir, el consumo creció en tres meses lo que se esperaba para 2023, en este contexto, Mercado Libre, con el monopolio de las transacciones, fue el principal beneficiario.
El modelo favorito del ex presidente Macri, se posicionó en 2018 como la empresa argentina de mayor valor en los mercados de acciones. Con apenas veinte años de vida, superó a Techint, líder hasta entonces. Sin ser afectada por la crisis económica que atraviesa el país logró duplicar su valor en el mundo financiero de Nueva York.
Mercado Libre saca provecho de su posición monopólica en el territorio digital, en el sector de intermediación, el comercio electrónico, el logístico y distribución, actividad aún no regulada; asimismo cómo esta posición dominante le permite, mediante impuestos privados, retener gran parte del dinero transaccionado para hacer especulaciones financieras.
Mercado Libre tiene operaciones en 18 países de América, donde millones de ciudadanos compran y venden productos a través de Internet. Es la séptima plataforma de comercio electrónico a nivel mundial. En Latinoamérica tiene 362 millones de internautas/usuarios. El ecosistema está integrado por unidades de negocio que incluyen: Mercado Libre, Mercado Pago, Mercado Libre Publicidad, Mercado Envíos y Mercado Shops.
Mercado Libre como servicio público y el contexto COVID-19 también deja un antecedente. En sintonía con la política de cuidados del gobierno, Mercado Libre se ocupó de respetar los precios de referencia establecidos y eliminó los productos con valores abusivos. Asimismo, mediante el cambio en comisiones, facilitó la compra de productos de salud.
Si se pensara esta política no en términos excepcionales sino como una práctica usual, ¿cuánto facilitaría la implementación de políticas de comercio del gobierno?
El caso Mercado Justo
Una política pública empujada por la economía social solidaria y colaborativa
El proyecto que impulsó Ciudad Futura se aprobó recientemente en el Concejo Municipal de Rosario. Es una plataforma digital sin fines de lucro que unificará toda la oferta económica de bienes y servicios de la ciudad.
Es una iniciativa de un grupo de emprendedores multidisciplinarios que detectaron la necesidad de los comerciantes locales de encontrar una herramienta que realmente democratice y descentralice el comercio.
Esta plataforma de comercio electrónico, tiene por objetivo, poner en igualdad de condiciones a todos los comerciantes del país frente a la aparición de los importadores y fabricantes que hoy en día venden sus productos de forma directa al consumidor final sin intermediarios mediante la modalidad tienda oficial.
En Mercado Justo se podrá encontrar todo lo que hoy se compra a través de Mercado Libre más todo lo que se pide por las apps de delivery (Glovo, Rappi, etc.) unificado en una plataforma sustentada en valores cooperativos y solidarios y no en su lucro. Una infraestructura tecnológica que pretende priorizar el comercio local, la democratización de los algoritmos y el abandono de las comisiones abusivas por un simple servicio de intermediación.
Desde la irrupción de la actual crisis desatada por la pandemia del coronavirus, las plataformas digitales están consolidando su rol en el entramado social y económico. Los flujos comerciales y productivos dependen cada vez más de estas infraestructuras privadas que funcionan ya como servicios esenciales sin regulaciones públicas. En el camino no sólo crece nuestra dependencia sino también las ganancias y la precarización de los productores y trabajadores implicados.
Mercado Justo contempla la necesidad de generar canales de comercialización para los sectores afectados por la crisis global desatada por la pandemia del coronavirus, aprovechando las nuevas tecnologías y promoviendo la colaboración comunitaria, cultural y económica, es un gran aporte al debate sobre qué usos hacemos de la tecnología de informática y comunicaciones al mismo tiempo que sienta las bases para construir una alternativa de alcance nacional.
La concejala Caren Tepp, del Frente Para la Ciudad Futura, es una de los artífices de la ordenanza que aprobó el Consejo Municipal de Rosario para dar cumplimiento a Mercado Justo. La edil afirma que “La aprobación de Mercado Justo en el Concejo de Rosario es la decisión política de una ciudad de que el Estado se meta de lleno en el mundo virtual y no desde una perspectiva de ‘control’ absurdo e imposible sino de promoción de valores y prácticas sustentables, alternativos a la voracidad del mercado y del desarrollo actual del capitalismo”.
Esta posibilidad de pensar que el municipio, como el gobierno/estado más “cercano”, como primera relación entre ciudadanos y políticas públicas, entre el pueblo y la democracia a través de las redes y las pantallas da el sustento social y solidario del hecho. Con este antecedente, se abre la disputa para su implementación, su forma y su alcance.
Puede ser solo un carrito de compras y nada más o puede ser el principio de una línea de obras públicas digitales o urbanismo virtual. Es decir, nuevas potestades de los estados locales para hacer ciudades y mundos más juntos y participativos en el territorio digital.