Instalaron un laboratorio y el gobierno les dio licencia para realizar los test de coronavirus en medio de la peor crisis sanitaria que vive la provincia. El negocio condiciona la postura de los diputados ante la gestión del gobierno provincial.
Una publicación del diario El Expreso expone el entramado de negocios y política que envuelve a la gestión de la pandemia y que involucra a los actuales diputados Rubén Armando Rivarola y Liliana Fellner aparentemente con la venia del ejecutivo provincial.
En el Boletín oficial del 9 de noviembre del 2018, quedó legalizada la constitución de la sociedad de Responsabilidad limitada LAC Norte SRL, integrada por ambos diputados del PJ, con la cual más tarde lograrían poner en funcionamiento un laboratorio para realizar test de coronavirus, con el aval del gobierno.
Este fue el punto de partida para consolidar un negocio millonario entre estos dos personajes de la política jujeña, aliados con un principal proveedor que es nada menos que “el estado provincial”.
El Expreso expone que LAC Norte, inicialmente iba a prestar servicios de laboratorios y análisis clínicos en la Clínica “Virgen de Fátima”, ubicada en la ciudad de Palpalá. Hasta allí, al parecer toda actividad sería normal.
En la Legislatura, el presidente del PJ necesitaba sostener cierto poder dentro del recinto y sabiendo que Liliana Fellner tiene una fuerte presencia, decidió aliarse con ella en el negocio de la salud. Fue así que nació LAC Norte un sofisticado estudio de análisis clínicos que inicialmente iba a operar en la ciudad de Palpalá.
Pronto, las instituciones sanatoriales de Rubén Rivarola comenzaron a obtener una serie de servicios de parte del gobierno de la provincia a través de licitaciones pocos claras, concentrando una gran cantidad de servicios de salud que debe brindar el estado provincial en los hospitales públicos. Por ejemplo, el programa “Por una Salud Accesible e Integradora” implementado por el gobierno de la provincia, en cuya licitación de 6 prestaciones se le otorgaron todas a la Clínica Mater Noa, también de Rivarola.
Poco tiempo después, a través de la resolución N° 9.855, firmada por el ministro de Salud, Gustavo Bouhid, se autorizó a realizar el proceso de contratación directa de “Iniciativa Privada para Proyectos de Servicios de Salud”, por lo cual, convocó a licitación pública y privada, donde se presentaron el 4 de noviembre de 2019, seis oferentes, entre ellos, MaterNoa SRL. A finales del año pasado, el negocio vinculado a la salud, entre Fellner y Rivarola ya estaba consolidado, pero no esperaban todavía la llegada de la pandemia a la provincia.
El brote de coronavirus se desató en el momento justo y oportuno para la naciente sociedad, que tenía toda la estructura de salud a disposición del Estado Provincial.Sólo era cuestión de tiempo para comenzar a operar y ganar varios millones.
Lógicamente que el sistema de salud pública no estaba preparado para hacer frente a semejante embate e hizo colapsar el sistema. Es allí donde nuevamente toma protagonismo la sociedad Rivarola-Fellner, con la instalación de un nuevo laboratorio de análisis que se empieza a montar rápidamente en el barrio Alto Comedero, con la anuencia del Ministerio que conduce Gustavo Bouhid.
EVASIÓN FISCAL Y COMPRA ILÍCITA Montar un laboratorio con la última tecnología para realizar test PCR, significaba para Rivarola y Fellner una enorme inversión. Los recursos no eran un problema, porque ya estaba asegurado un retorno de esa inversión a través de convenios firmados con el Estado Provincial.
La primera gran inversión fue la compra de un inmueble para que sea sede central del Laboratorio. En ese objetivo, el hijo de Liliana Fellner, Alfredo Bracamonte Fellner intervino en la sociedad, haciendo una reserva para la compra de una casa en Alto Comedero, con una inversión de cinco millones de pesos.
Para la reserva, Alfredo entregó $ 300 mil a la inmobiliaria “La Red”, firmándose un boleto de reserva de inmueble de fecha 25 de abril del 2020. Allí se estipula el precio de venta, en $ 4.800.000 de contado, que se abonará al momento de la firma de la escritura traslativa de dominio. La reserva se hace debido a que en ese momento, por el cierre de las escribanías y el Colegio de Escribanos, por la situación sanitaria de la provincia, no se podía avanzar con la operación.
Trece días después, el 8 de mayo, aprovechando la apertura parcial de algunas actividades, se firma la Escritura N° 33, Sección A, autorizada por el Escribano Guillermo Francisco Ricci, donde se formaliza la operación de compra venta del inmueble antes reservado por Alfredo Bracamonte Fellner.
En la lectura del título, queda al descubierto una maniobra que lleva a inducir que se hizo para evitar el pago del impuesto correspondiente. El inmueble por el que se había pactado el pago de la suma de $4.800.000, en el título de transferencia pasó a valer solamente $1.400.000, cifra de la cual se tomó como base impositiva para el pago de impuestos de sello y de transferencia.
La diferencia entre el precio inicial y el de venta es de 3.400.000 pesos, monto por el cual no se pagará ningún tipo de impuesto. El inmueble tiene una valuación fiscal de $ 1.337.010, con lo que queda en evidencia que intencionalmente se declaró un precio apenas superior a la tasación que hace el estado provincial, para evadir impuestos y especialmente para evitar que se declare el COTI (Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles), que según la normativa nacional se aplica a operaciones de compra venta de inmuebles superior a los $1.500.000.
Con la rebaja en el precio de venta, también se reduce el pago total de otras obligaciones impositivas, como el Impuesto a la Transferencia Inmobiliaria (ITI), que es del 1,5%, el Impuesto a los Sellos, un gasto del 3,6% del valor del inmueble que paga tanto el comprador como el vendedor en partes iguales. El inmueble es adquirido para montar un “Super laboratorio proveedor de la provincia en época de pandemia”.
Fuente: El Expreso