El pedido ingresó a la Legislatura a raíz de un proyecto de ley que busca suspender el pago de sentencias contra el Estado. Preocupación en la justicia.
La administración que encabeza Gerardo Morales desde el Poder Ejecutivo de Jujuy tiene serios problemas para hacer frente a los gastos del Estado.
El temor más grande es que llegue un momento en el que no se puedan pagar los sueldos a los 85 mil / 100 mil, trabajadores estatales, algo que traería reminiscencias de la década de los 90, donde los gobernadores salían eyectados del sillón heredado por José María Fascio en Casa de Gobierno.
El mismo propone que el Estado suspenda por seis meses, con la posibilidad de que ese plazo sea prorrogado por el propio gobierno, las sentencias en su contra.
Es decir, todo aquel que haya denunciado al Estado, ganado un juicio y esté esperando el cobro, no lo podrá hacer si este proyecto de ley avanza.
Indignados por la propuesta, dos conocidos abogados del foro local, Alberto Nallar y Riad Quintar, se presentaron espontáneamente ante la Legislatura y realizaron un pedido categórico: quieren que el gobernador Gerardo Morales sea destituido de su cargo a través de un juicio político.
Las razones técnicas dicen que está incumpliendo con sus deberes y que ha demostrado no estar en condiciones de ejercer el cargo que ostenta.
En el proyecto además Nallar y Quintar tildan al gobernador de “insolvente moral”.
Los abogados sostienen entre sus argumentos que el controvertido proyecto es inconstitucional puesto que la norma que regula la relación entre acreedores y deudores es el Código Cívil y Comercial, sancionado por el Congreso, y que nunca una norma provincial podría prevalecer.
Además recuerdan que una ley «idéntica», 5.177 fue declarada inconstitucional por el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy con anterioridad. El desconocimiento de este contexto y su voluntad – o la de su gobierno – de avanzar de todas formas con el propósito de suspender el pago de las sentencias es los actores interpretan como «incapacidad», «falta de idoneidad» y faltas en el desempeño de las funciones de Morales como gobernador.
Mientras Nallar y Quintar hacían pública su iniciativa ante los medios de comunicación, en el interior de la Legislatura la comisión de Asuntos Institucionales, presidida por el diputado Ramiro Tizón, agilizaba el trámite parlamentario del proyecto.
En esa instancia también, en otros términos, expresaba su preocupación por el proyecto la presidenta del Colegio de Abogados, Gabriela Igarzabal. “El Colegio está preocupado porque entiende que el proyecto no puede suspender los procesos de ejecución, y que estos gastos tienen que organizarse de otra forma”, dijo sobre la postura de la institución».
En principio, el juicio político pedido por Nallar y Quintar es un instrumento constitucional pero que en el contexto político actual no tiene posibilidades de prosperar, ya que el gobernador Gerardo Morales tiene disciplinado a todo el oficialismo y de un sector de la de la oposición.
No obstante, la preocupación expresada en la presentación es compartida por buena parte del mundo político en Jujuy y también en el Poder Judicial.
El interrogante es extendido: cómo es que se llegó a esta situación después de todo el apoyo financiero recibido en la era Macri y el endeudamiento sin precedentes recibido.
Fuente: jujuy al momento